Las cifras sobre el aumento del consumo de drogas en los niveles mundial y local son una confirmación de que las prácticas utilizadas para resolver el problema de las drogas no han sido eficaces.

Al confirmarse esta realidad, surgen nuevos paradigmas en contraposición a la criminalización del uso de drogas. Se trata de las llamadas “políticas de reducción de daños”, tendientes a mitigar el costo personal y social que acarrea el abuso de drogas.

Dentro de estas metodologías, cada vez más en boga, se encuentran el intercambio de jeringas entre adictos endovenosos, para evitar el contagio de HIV y hepatitis C; el reparto de preservativos; la despenalización de las drogas “blandas”, como el cannabis, y la enseñanza a los adictos a consumir drogas de una manera responsable.

Tratar el tema drogas desde una perspectiva economicista o con ideas “progresistas” que desconocen el padecimiento que viven miles de familias es errar el camino. Cuando se toma el ejemplo de la ley seca en los Estados Unidos para explicar el fracaso de las restricciones al consumo se describe un aspecto de la realidad.

Quienes lo hacen promueven la legalización, con la despenalización del consumo como paso previo, pero no tienen en cuenta que la liberación del consumo de alcohol no fue una panacea. Los índices de consumo de alcohol no han cedido, todo lo contrario.

Los adolescentes piensan, como lo prueban las estadísticas, que hacen falta tres litros de cerveza para que una fiesta sea auténticamente una fiesta. Por otra parte, un adicto no es un criminal: es una persona psicológica y existencialmente frágil.

Su problema debe ser encarado por el sistema de salud de manera coordinada con el sistema judicial, para discernir con precisión si se está frente a un adicto o frente a un traficante, y darle el tratamiento que corresponde.
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